El Partido Libertario (P-LIB) se posiciona radicalmente en contra de la entrada en vigor de la ley que prohíbe la financiación de los partidos políticos a través de las aportaciones de empresas. Esta nueva intromisión del Estado en la gestión privada de las organizaciones políticas se trata de un brindis al sol que no soluciona nada, puesto que las aportaciones de las empresas que han supuesto los casos de corrupción eran de fondos provenientes de la contabilidad B, es decir, ilegales. Esto supone que se demoniza una forma de financiación éticamente legítima, por culpa de la mala praxis de unos pocos, que acabaremos pagando todos los ciudadanos ya que los partidos dependerán en una mayor medida de las subvenciones del Estado.
